Andrea Boland es una
Representante política del Estado de Maine en USA. Lleva años luchando por desarrollar
y hacer realidad un Proyecto de Ley que permita una mayor transparencia en lainformación sobre los ingredientes de las vacunas. La idea principal de este
Proyecto de Ley es dotar a los padres de más poder a la hora de decidir si
vacunar o no a sus hijos.
Si Andrea Boland
logra el apoyo político necesario es posible que este Proyecto se haga
realidad. Sería la primera vez en toda la historia que una Ley exigiría
transparencia e información previa antes de la vacunación.
En la vacunación infantil, los padres
tendrían la oportunidad de saber todos y cada uno de los ingredientes
(antígenos, adyuvantes, excipientes, conservantes, etcétera) que contienen las
vacunas. Tendrían un gran poder de decisión.
Es un Proyecto muy
arriesgado en cuanto que pone sobre la mesa, por primera vez en la historia de
la vacunación, la importancia del consentimiento terapéutico y de la
información terapéutica directa al ciudadano (ITDC), concepto acuñado y
desarrollado por D. Manuel Amarilla, abogado y Presidente del European
Pharmaceutical Law Group, y uno de los promotores de Bufete RAM, en su libro “La Información Terapéutica Directa al
Ciudadano”. La teoría de Manuel Amarilla no podría ser de más actualidad si
este Proyecto de Ley viera la luz. Imagínense: los padres o tutores de los
niños podrían tener la oportunidad de saber qué ingredientes reales contienen las
vacunas. De esta forma podrían tomar una decisión autónoma e informada.
La información
directa al ciudadano parte de la base de que la industria farmacéutica posee
todo el conocimiento (fuente de la información) sobre los productos que lanza
al mercado. Si posee todo el conocimiento debe transmitirlo de forma real,
adecuada, veraz, actualizada y responsable al ciudadano. El prospecto del
medicamento y la ficha técnica son los vehículos esenciales para transmitir
dicha información. Otros vehículos son los profesionales sanitarios que de
forma independiente aconsejan o no al ciudadano sobre un determinado producto.
En las vacunas el
asunto se vuelve más complejo puesto que estamos ante un producto estrella para
la política farmacéutica en su relación con la salud pública.
¿La autonomía de la
voluntad del ciudadano en salud y el derecho al consentimiento informado
terapéutico en el ámbito de los fármacos debe ser superior a la garantía de una
política de salud pública eficaz y eficiente? ¿Es cierto que las vacunas son
perfectas? ¿Las vacunas son la panacea para no tener enfermedades para las que
nos vacunamos? ¿Se informa realmente de las reacciones adversas graves? ¿Cuántas
reacciones adversas graves producen las vacunas al año?
Cómo veis, el mundo
de las vacunas, la salud pública y el derecho es muy complejo. La industria
farmacéutica invierte mucho dinero en su producto estrella. La investigación en
vacunas es costosa, complicada y duradera. La industria también tiene derecho a
recibir retorno de la inversión. Ahora bien, ¿este retorno de la inversión debe
ser prioritario a la hora de establecer políticas de salud pública y
calendarios expansivos de vacunación sistemática? Es más, ¿Este retorno de la
inversión y reparto de beneficios debe ser tal que el derecho fundamental a la
autonomía de la voluntad del ciudadano (consentimiento informado) sea
minusvalorado en pro de dichas políticas? ¿Por qué la administración pública no
quiere elevar el nivel de cultura del ciudadano en vacunas? ¿Y nosotros? ¿Por
qué no exigimos el prospecto de estas vacunas?
El Proyecto de Ley presentado
en el Estado de Mailan de USA quizás no salga a la luz, pero planta una semilla
importante de cara al futuro.
En España, mientras
tanto, estamos luchando porque la Agencia Española del Medicamento nos ofrezca
datos reales de las reacciones adversas graves que causan algunas vacunas,
especialmente las infantiles. Y ya no sólo eso, también nos gustaría que dicha
Agencia o las autoridades sanitarias “obligaran” a los profesionales sanitarios
a notificar las sospechas de las reacciones adversas graves. Al mismo tiempo,
creemos necesario dotar a España de un sistema de compensación por los daños
ocasionados por las vacunas, al estilo de otros países de nuestro entorno.
Francisco Almodóvar
Abogado
franciscoalmodovar@bufeteram.com
